Los Fiscales Generales Adjuntos , José Gómez Demmel y Héctor David, a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF), dispuso la creación de una Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), que estará a cargo del Fiscal Coordinador Andrés Godoy, quien tendrá la responsabilidad de coordinar la actuación del Ministerio Público Fiscal frente a los hechos delictivos relacionados con el coronavirus (COVID-19). Estos delitos pueden ser los de su propagación, la violación del aislamiento u otras medidas dispuestas por el gobierno nacional, o desobedecer a la autoridad en las órdenes que dicte al respecto.
La UFES centralizará el tratamiento de los casos penales respecto de esta materia específica. Conforme a ello, establecerá criterios de actuación uniformes que orienten la actividad de las dependencias del MPF en todo el territorio provincial frente a este tipo de casos.
La implementación de la UFES procura centralizar la información y dinamizar la toma de decisiones en esta materia, asegurando una respuesta institucional rápida y una adecuada coordinación interinstitucional con los demás actores públicos y privados que deben intervenir en este campo.
Asimismo, con el objeto de fortalecer las acciones preventivas ante la posible propagación del virus, el MPF habilitó una línea telefónica exclusiva para la recepción de estas denuncias. Esta línea funcionará las 24 horas, todos los días de la semana y podrán realizarse denuncias desde cualquier punto de la provincia. Provisoriamente la ciudadanía podrá comunicarse al número (0351) 4481790 y en lo sucesivo se habilitará una línea 0800.
Este número telefónico será la vía fácil, ágil y segura que el MPF pone a disposición de la comunidad para receptar las denuncias vinculadas a esta pandemia. De esta forma se busca que el público que suele concurrir a las Unidades Judiciales evite estar expuesto a un posible contagio, sin perder de vista la importancia de receptar este tipo de denuncias.
Mediante estas medidas, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba lleva adelante su misión de defender el interés público y los derechos de las personas, movilizando sus recursos de manera estratégica para responder a la situación extraordinaria que atraviesa el país