La Legislatura aprobó la iniciativa que corrige los legajos de empleados y empleadas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. La cámara también se expresó sobre el traspaso dominial a la Provincia del Espacio de la Memoria La Perla.
Durante la primera sesión especial del año, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, se aprobó el proyecto de ley que propicia la reparación histórica del legajo de trabajadores que, revistando como empleados y empleadas de los tres poderes, fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura.
En el marco de la Semana de la Memoria, y con el acompañamiento de todos los bloques, la normativa busca corregir los legajos de los trabajadores y trabajadoras del Estado para que “quede asentada la detención/desaparición forzosa como fin de su carrera laboral, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa”, expresa el despacho emitido por las comisiones de Derechos Humanos, Legislación del Trabajo y Legislación General.
El vicegobernador Manuel Calvo comenzó la sesión con un reconocimiento a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo y de las organizaciones que trabajan activamente por los derechos humanos.
“La presencia de ustedes nos honra, y quiero que sepan que siempre vamos a estar agradecidos por su lucha permanente para mantener viva la llama de la memoria y la vigencia de ese clamor que es el Nunca Más”, opinó el presidente de la Legislatura.
Iniciado el debate, el legislador José Pihen, uno de los impulsores de la ley junto al bloque de Hacemos por Córdoba, detalló por qué esta norma es crucial en los tiempos que corren.
“Esta iniciativa lo único que hace es resumir en un marco legal algo que ya se está haciendo y que en algunos ámbitos se ha avanzado. Se trata de los legajos que, en general, contienen como cierre de la historia laboral una frase que pueda sintetizarse en ‘cesante por abandono de servicio’. Entonces, esta ley busca que en esos legajos figure la causa verdadera, que es la desaparición forzada y quede asentada la frase ‘detenido desaparecido’”, afirmó el presidente de la comisión Legislación del Trabajo.
A su turno, Alberto Ambrosio, reflexionó sobre el rol que tiene la memoria en las futuras generaciones. “Recordar este día tiene la particularidad de que nos permite que las próximas generaciones puedan saber lo duro que ha sido el proceso que vivimos a partir del 24 de marzo de 1976. Esto es importante por la víctima, pero sobre todo para las familias que son quienes tienen que sobrellevar sobre sus espaldas el dolor y la tragedia”, manifestó el vicepresidente segundo de la Unicameral.
Seguidamente, la legisladora María Amelia Moscoso Cardoso expresó su deseo de “mirar nuestra historia con una mirada de paz”. “Cada uno es merecedor, por sí mismo, de derechos y deberes universales, inviolables, que no pueden renunciarse, ni quedar a expensas de la decisión de los poderosos, ni de los fuertes, ni de las mayorías. Por eso, cada año recordamos que no queremos repetir esas oscuras horas de desencuentro y violencia”, declaró la representante de Encuentro Vecinal Córdoba.
Más tarde, Miguel Maldonado, miembro del bloque de Identidad Peronista, exhortó a vivir en una sociedad más unida. “Al corregirse los legajos de los empleados, se pone en verdad la historia de ese trabajador al que se menoscabó su vida y su dignidad como persona. A todo el horror sufrido por perseguido, se le sumaba la mentira sobre su compromiso como trabajador. La incorporación de los derechos humanos como modelo de Estado, donde se respete la condición humana, es la política que desde este bloque siempre vamos a apoyar. Ojalá cada 24 de marzo nos encuentre más unidos como sociedad. Como dirigentes políticos, jamás debemos denunciar a la unidad de nuestro pueblo”, afirmó.
Para referirse al proyecto, la legisladora Noelia Agüero, de Izquierda Socialista – FIT Unidad, dijo: “Creemos que dar nombre a las situaciones y a los hechos es, de alguna manera, recuperar la memoria y restituir una identidad real a esas trabajadoras y esos trabajadores que no se fueron porque quisieron, sino que fueron detenidos ilegalmente, desaparecidos. Que no abandonaron sus puestos de trabajo, sino que fueron arrancados de este lugar de la historia por ese método perverso y nefasto de la desaparición forzada de personas”, subrayó.
En tanto, Luciana Echevarría, de MST – Nueva Izquierda, acompañó ambas iniciativas y justificó el porqué de su decisión. “Para nosotros, los proyectos son buenas iniciativas, aportan a la reconstrucción de la identidad y a la reparación histórica de la memoria y por eso acompaño ambas iniciativas”, espetó la legisladora.
Por otro lado, Cecilia Irazuzta, de la Coalición Cívica ARI, enunció que la verdad no debe ser parcial. “Madurar como sociedad para seguir conversando estos temas cada 24 de marzo implica continuar afirmando que la memoria no debe ser incompleta, que la verdad no puede ser parcial y que la justicia no debe ser selectiva”, comentó.
Luego fue el turno de Juan Jure, presidente de Juntos UCR, quien se pronunció sobre el reconocimiento que impulsa la iniciativa. “Lo decimos en este recinto: no hay mayor conmemoración que honrar la democracia. Valorizar el diálogo es transitar el camino de la reflexión honesta, el de la no agresión, la del reconocimiento del otro. Aunque sea una expresión minoritaria, es el de condenar la violencia política en todas sus formas y el de trabajar en pos de los acuerdos necesarios para que esta democracia pueda convertirse en ese sueño, para que nuestro pueblo se eduque, tenga salud y el pan en cada mesa”, sentenció.
Sobre el final, Leonardo Limia, insistió en la importancia de estas normativas. “Este reconocimiento se asienta sobre las bases más profundas de nuestras instituciones democráticas, revitalizando y poniendo de relieve la dignidad de compañeros desaparecidos. La dictadura aún tiene sus huellas y esta reparación histórica es un acto de restitución de dignidad de los trabajadores que se inscribe en un proceso de asentamiento de las instituciones democráticas. En una democracia joven como la nuestra, con 40 años por cumplir, estas acciones tienen efectos reales en la reconstrucción del tejido social, basado en la memoria, la verdad y la justicia”, cerró el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba.
De la sesión participaron, también: Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo – Córdoba; Laura Echenique, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia; Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos; y representantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, de H.I.JO.S, de la Asociación de ex Presos Políticos de Córdoba, y de la Secretaría de la Comisión Provincial de la Memoria Córdoba.
Sobre el traspaso dominial de La Perla
Además, la Cámara prestó aprobación de forma unánime al proyecto de resolución que insta a los senadores nacionales por Córdoba para que promuevan el tratamiento y aprobación del proyecto de ley referido a la transferencia a Córdoba, a título gratuito, del inmueble identificado como ex Centro Clandestino de Detención, Espacio para la Memoria y la Defensa de los Derechos Humanos La Perla.
Leandro Carpintero, autor de la iniciativa, reveló la importancia de esta medida. “La Perla constituye un lugar emblemático por su valor histórico. Allí estuvieron secuestradas miles de personas que sufrieron horrorosas violaciones a sus derechos y muchas de ellos fueron desaparecidas. Hoy ese lugar cumple una función social fundamental en defensa de la democracia y los derechos humanos en el ejercicio de la memoria y como ámbito educativo para las generaciones que la visitan. La Perla está situada en un espacio que pertenece al Ejército Argentino, por lo tanto, pertenece al Gobierno nacional. En 2007 se acordó esta transferencia, pero hasta el día de la fecha eso no sucedió”, argumentó.
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